El amianto mató a su padre y la familia reclama justicia

 

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Cuando Luis Vílchez trabajaba como oficial montador en los talleres de Los Prados de Renfe, en Málaga, el amianto revestía los trenes “ochomiles” que debía arreglar cada día junto a sus compañeros.  Eran los años 80 y este material aislante cancerígeno estaba presente en los vagones, tuberías y los conductos de la calefacción. Luis estuvo expuesto desde 1981 hasta 1999 al amianto, ajeno completamente a su peligrosidad. Murió el 18 de octubre de 2014 de mesotelioma pleural, un cáncer fulminante derivado del contacto con el asbesto.

 “Se lo quitaban de la boca. Se tiraban unos a otros pelotillas de amianto”, cuenta su hija María Luísa Vílchez, quien recuerda que la enfermedad empezó a manifestarse como una rara neumonía hasta que se le diagnosticó el cáncer y sólo en nueve meses falleció sin llegar a cumplir los 72 años de “una muerte horrible”.

El 20 de junio, su viuda María Luisa Ortega, de 72 años, y sus tres hijos, María Luísa, Luis y y Agustín acudieron a los juzgados de Málaga a pedir justicia, en busca de una sentencia que reconozca que Luis murió por una enfermedad laboral derivada de la inhalación de asbesto, reivindicando una declaración de responsabilidad de la empresa en cuanto a que no adoptó las medidas de seguridad pertinentes.

Después de su jornada de trabajo en el taller, donde no había medidas de ventilación adecuadas, Luis se llevaba a casa la ropa impregnada de amianto y allí la lavaba su mujer, advierte el abogado de la familia Alejandro Platero.

La cuantía económica que reclaman a Renfe es de 145.000 euros, pero la familia más que dinero pide justicia “por los que se han ido y por los que se irán” debido al grave problema del amianto.

El juicio quedó suspendido hasta el 21 de septiembre, cuando se cumplirán casi los dos años de su fallecimiento.

Luís trabajó en los mismos talleres de Renfe que el cordobés afincado en Málaga Francisco Padilla, enfermo de mesotelioma pleural, y cuyo caso también fue a juicio el pasado 9 de abril. Francisco, de 53 años, tiene un hijo y vive en Málaga con su mujer, pero ahora se encuentra en el pueblo cordobés de Villa del Río tratando de sobrellevar la enfermedad. Sólo tiene un pulmón, y ya también dañado, después que el otro le tuviera que ser extirpado. 

Luís y Francisco, descritos por sus familias como personas muy saludables y luchadoras, son sólo dos ejemplos de los cientos de trabajadores afectados por esta epidemia invisible e impune.

Pero hay muchos otros que aún no han manifestado síntomas de la enfermedad, al tener un periodo de latencia largo, que puede ser de veinte años después de haber estado expuesto al material. Los compañeros de Luis y Francisco se someten a revisiones anuales y el miedo forma ya parte de su vida.

La batalla de las familias de Luis y Francisco coincide con la lucha que en estos días están emprendiendo las Asociaciones de Padres y Madres (Ampas) de varios colegios de Málaga reclamando a la Junta de Andalucía la retirada del amianto de sus instalaciones.

El grupo parlamentario Unidos Podemos se hizo eco de las preocupaciones de las Ampas y llevó el 14 de junio al Parlamento Andaluz una Proposición No de Ley (PNL) reclamando la elaboración de un inventario de colegios afectados por el amianto y su eliminación segura, pero fue tumbada por los votos del Partido Socialista y Ciudadanos. 

 

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