El miércoles llegué minutos antes de las diez de la mañana al rellano del edificio donde viven Mohamed y su familia, en el barrio malagueño de la Palma-Palmilla. Llovía, y pensaba que eso desanimaría a la gente convocada en el portal para tratar de impedir su desahucio, uno de tantos que se producen en España cada día. Más de 300.000 desde que estalló la crisis en 2007.
Pero no, desde temprano había vecinos y miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Coreaban lemas como «la banca siempre gana y no me da la gana» o «La Palma unida jamás será vencida». Los carteles que portaban rezaban «Indignación», «Stop desahucios» o «No es que no quiera pagar es que no puedo».
Se respiraba solidaridad. Casi un centenar de personas logró que la comitiva judicial y la policía que iban a ejecutar el desahucio se retirasen finalmente.
La familia de Mohamed no tiene ingreso alguno para hacer frente a la hipoteca de su vivienda, un inmueble de 1973 que pertenecía al Estado y fue liberalizado. Compró su casa en 2007 por 117.000 euros cuando estaba tasada en 70.000. Un abogado ya ha denunciado al notario y al banco por esta causa.
Poco a poco fueron sumándose más personas. Miré hacia arriba. En el balcón del piso 12 vi a uno de sus hijos y a la mujer de Mohamed, un marroquí que antes de quedar en el paro trabajó en la construcción y después vendiendo chatarra. El niño de 5 años, que tiene un hermano de 1, le preguntó a la madre por qué había tanta gente abajo, según me contó Fátima, una familiar que acababa de estar en la vivienda y que no podía reprimir las lágrimas.
En menos de dos semanas dos personas que iban a ser desalojadas de sus casas han tratado de suicidarse en España y una de ellas ha muerto. Ayer jueves, encontraron ahorcado a Miguel Ángel en Granada. El telediario de RTVE contó anoche que «la policía investiga» si su suicidio «tuvo algo que ver» con el desahucio previsto para poco después. Me quedé pasmada cuando lo oí.
También este jueves, el Consejo General del Poder Judicial decidió no debatir un informe de seis magistrados, crítico hacia el sistema de desalojos y que propone abrir un debate sobre este tema para crear alternativas como alquiler social o una moratoria de los pagos.
«Nuestras armas son nuestra voz y nuestras manos. Si no lo hacemos nosotros no lo hace nadie», decía Sara Vázquez, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Málaga pidiendo que formó una barrera humana para impedir la entrada de la comisión judicial y la policía.
«Es una guerra muy dura», reconocía Antonio Alarcón.
Las Naciones Unidas a través de su relatora especial para la Vivienda ha criticado el sistema de desahucios en España. Es una cuestión de derechos humanos.
Os dejo un link a mi última nota.