Voluntarios en la mesa de votación instalada en Puerta del Mar en Málaga el miércoles 26
«Hace años que no voy a votar», comentó un agente de la policía después de depositar su papeleta durante el Plebiscito Ciudadano que se ha celebrado durante una semana en España y otras ciudades europeas. Le acompaña otro agente, que le espera a unos metros de distancia. Él prefirió no participar en la consulta, pero si preguntó a uno de los voluntarios de la mesa si tenían todos los permisos para instalarse en la céntrica plaza de Félix Sáenz de Málaga.
Les hice una foto que me dijeron que no podía mostrarla, ni tampoco puedo desvelar su identidad, pero este policía de servicio reconoció que se sentía uno más de los ciudadanos insatisfechos y descontentos en este país hacia la forma en que el Gobierno toma decisiones sobre los asuntos públicos que incumben a todos.
La población española está abatida por un desempleo de más del 27 por ciento, hastiada de los casos de corrupción en la Administración mientras se recorta severamente en Educación, Sanidad y otros sectores básicos. Hay indignación, colectivos que se quejan y forman plataformas de lucha, pero escasa capacidad de movilización, según queda reflejado en la dificultad para reclutar voluntarios en Málaga donde el Plebiscito acaba un día antes.
Araceli Caracuel, voluntaria que ha participado todos los días en la consulta malagueña, asegura que no hay unión en la protesta entre los distintos sectores de la población. «Cada uno va a lo suyo», dice, mientras recuerda los millones de personas que se han echado a la calle en Brasil. De hecho, las denominadas «mareas«, que aglutinan las quejas de los profesionales de la sanidad, profesores, asociaciones de mujeres, entre otras, no han apoyado la convocatoria de la consulta popular en Málaga, donde apenas se concentra el 0,19 por ciento de los votos totales en España.
Los españoles están de acuerdo en que faltan cauces de participación en los asuntos públicos, rechazan la corrupción y el rescate millonario de los bancos mientras miles de familias son desahuciadas de sus casas por no poder pagar sus hipotecas. Hay más pobres sin trabajo y también trabajadores pobres a los que el sueldo no les llega a fin de mes. Sobre estos asuntos versan las cuatro preguntas del Plebiscito Ciudadano que acomete su recta final.
A principios de semana habrá recuento y se verá si como quieren sus organizadores la alta participación ciudadana logra dar «un tirón de orejas al Gobierno», un oficialista Partido Popular desprestigiado, acosado por la corrupción de un extesorero de que acaba de ingresar en la cárcel.
De momento, la participación en la consulta popular, organizada por el colectivo Marea Ciudadana, ha sido muy desigual en el territorio español, donde se pudieron conformar muchas mesas en Asturias y ninguna, por ejemplo, en Jaén.
El Plebiscito Ciudadano, una consulta que no está prevista en la Constitución española y no es vinculante, es un proceso complejo al haber estado impulsado sólo por voluntarios. Algunos que pasan por delante de la mesa de votación la dejan atrás, «para otro momento», «cuando me lo piense un poco». Otros sí rellenan la papeleta: funcionarios con recortes de sueldo, universitarios que no pueden pagar las tasas de estudio, desempleados sin esperanza, trabajadores autónomos, pensionistas…
Hay desconfianza y miedo, como el de un barrendero a pocos metros de la mesa de votación al que una voluntaria tuvo que acercar la papeleta porque no quería parar de trabajar «vaya a ser que me vea mi jefe». Otros no querían apuntar su Documento Nacional de Identidad, requisito necesario para que la consulta sea legal.
El Plebiscito es un gesto más que demuestra que la ciudadanía quiere ser escuchada y participar en la democracia que se supone hemos conseguido.