Criticaba el otro día un amigo abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Málaga cómo los bancos persiguen más allá de las fronteras españolas a familias ecuatorianas desahuciadas. Una vez que están en Ecuador, de dónde partieron hace años y a donde regresan sin nada, siguen recibiendo requerimientos de entidades españolas para que paguen la deuda contraídas.
El pasado 19 de abril el presidente de Ecuador, Rafael Correa, afirmó en Madrid que la ley de desahucios en España «es una ley criminal» e «inmoral». Consideró que este proyecto de ley que se aprobó el jueves 18 ha «flexibilizado» la norma, pero según activistas de la PAH no es sino un parche o maquillaje que no cambiará mucho del drama de los desalojos ni la condena a ser deudor de por vida.
La dación en pago generalizada y retroactiva no ha sido incluida en la nueva ley, como pedía la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por la PAH y otras organizaciones ciudadanas respaldadas por un millón y medio de firmas. Sólo se contempla en determinados casos. Sí recoge el nuevo proyecto de ley la intervención de los jueces y la paralización del lanzamiento para estipular la existencia de cláusulas abusivas en los contratos de crédito. Y es que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo dictaminó en una sentencia que el procedimiento hipotecario español es ilegal. Y lo es desde 1993 porque contradice la normativa comunitaria que se aprobó ese año sobre protección a los consumidores al no permitir al afectado oponerse al desahucio alegando abusos en las cláusulas.
Cientos de miles de familias españolas han sufrido un procedimiento hipotecario ilegal desde 1993 (unas 362.000 entre 2008 y 2012, según la PAH), han perdido sus casas y están endeudadas.
La nueva ley que se aprobará dentro de dos meses mejora la anterior, pero no es suficiente para resarcir a todas las personas afectadas, ya que no tiene carácter retroactivo. Se aplicará dación en pago a determinados colectivos o se suspenderá el lanzamiento por cláusulas abusivas. Pero a partir de ahora y como quiera el Gobierno del Partido Popular que la aprobado en solitario en el Congreso.
¿Qué pasa entonces con el resto de los afectados? ¿Y qué pasa con las familias que no cumplan los requisitos que estipula la nueva ley? ¿Acaso ellas no han sido igualmente víctimas de un proceso hipotecario contrario a las normas de la UE?
He querido escribir sobre este tema en mi última nota: